La Justicia frenó la regulación  de los precios de la telefonía 

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y suspendió el Decreto de Necesidad y Urgencia que emitió el Go­bierno nacional que declaró a las telecomunicaciones como servicio esencial. De esta manera, restableció la potestad de los operadores de cable y telecomunicacio­nes de fijar sus condiciones de comercialización, es decir eliminar el tope de aumento de tarifas.

Además, ordenó al eje­cutivo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) “abstenerse de emitir y llevar a cabo” alguna decisión al respecto, hasta que se dicte sentencia definitiva.

Mediante el Decreto 690, emitido el 11 de agosto, el Gobierno nacional declaró “servicios públicos esencia­les y estratégicos en compe­tencia” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga.

La medida además dispu­so el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciem­bre y luego autorizó sólo un 5% de incremento y que las empresas del sector deben contar con autorización del Estado para modifi­cación tarifaria. 

El texto del DNU 690/2020 estable­ce cambios a la Ley 27078 de Tecno­logías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Incorpora un artículo en el que se otorga el “carácter de servicio público en compe­tencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios.

Determinó que la autori­dad de aplicación, es decir el Enacom, “garantizará su efectiva disponibilidad”.

“La medida cautelar, ini­ciada por un representante de nuestra industria de la provincia de Córdoba, de­termina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de todo acto dictado como con­secuencia de dichas normas. Asimismo, ordena al Poder Ejecutivo nacional y al ENA­COM abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, desta­có la Asociación Argentina de Televisión por Cable en un comunicado. s